Las cifras oficiales publicadas a lo largo de 2025 confirman un escenario de crecimiento en la contratación pública en España, con un aumento significativo del volumen de licitaciones respecto a ejercicios anteriores. Esta evolución apunta a un contexto más activo de cara a 2026, en el que administraciones y empresas se preparan para un mayor número de concursos vinculados a infraestructuras, servicios públicos y proyectos estratégicos.
Según los datos de OIReScon, el tercer trimestre de 2025 registró 54.788 contratos licitados por un importe agregado de 31.001,98 millones de euros, el volumen más alto para ese periodo y con un crecimiento interanual superior al 20 %. Este incremento de la actividad se traduce directamente en más procesos en los que las empresas deben acreditar solvencia, capacidad técnica y cumplimiento normativo.
Más licitaciones, mayor peso de las garantías
El repunte de concursos lleva aparejado un incremento de las garantías exigidas en las distintas fases de la contratación pública. Desde la presentación de ofertas hasta la ejecución de los contratos y la cobertura de anticipos, las empresas deben responder a requisitos diseñados para proteger a las administraciones frente a incumplimientos o riesgos financieros, tal y como establece la normativa vigente en materia de contratación pública.
En un contexto de mayor volumen de licitaciones, la acumulación de garantías puede convertirse en un factor limitante. Recurrir a avales bancarios puede tensionar la capacidad financiera de las empresas al elevar el endeudamiento bancario y condicionar las futuras líneas de crédito pudiendo reducir el margen de maniobra, especialmente cuando se participa de forma simultánea en varios concursos o en contratos de larga duración.
El seguro de caución como herramienta estratégica
Ante este escenario, el seguro de caución se consolida como una herramienta clave para preparar a las empresas de cara a 2026. Al permitir cubrir garantías de licitación, ejecución y anticipo sin afectar a la financiación bancaria, facilita mantener la liquidez y preservar la capacidad de competir en un mercado público más activo.
Además, la modernización y digitalización de los procesos de contratación pública, cada vez más presentes en las licitaciones publicadas en 2025, están obligando a las empresas a profesionalizar aún más su gestión financiera y documental. En este contexto, contar con herramientas de garantía ágiles y adaptadas al ritmo del mercado resulta determinante.
Desde Sammy Free señalamos que, en un contexto de crecimiento sostenido de las licitaciones como el observado en 2025, anticiparse en la estructuración de las garantías resulta clave para afrontar 2026 con mayor solidez financiera. En este escenario, el seguro de caución permite equilibrar riesgo y oportunidad, al facilitar la participación en concursos públicos sin comprometer la liquidez ni la capacidad de crecimiento de las empresas.
Más allá de su función como garantía, el seguro de caución se está consolidando como un indicador de madurez financiera y de buena gestión del riesgo en las empresas que operan en contratación pública. En un entorno en el que las administraciones valoran cada vez más la fiabilidad, la continuidad del servicio y la capacidad de cumplimiento a largo plazo, contar con estructuras de caución bien diseñadas refuerza la credibilidad del adjudicatario y contribuye a relaciones más estables entre sector público y privado. De cara a 2026, esta dimensión cualitativa será tan relevante como la capacidad técnica o el precio en los procesos de adjudicación.
Este proceso no solo puede afectar a España, si no que otros países europeos se verán influenciados. Por eso es esencial saber cómo se puede licitar con garantías en varios países europeos a la vez. Este puede ser el caso de Polonia, un país que ha ganado relevancia para las empresas españolas que quieren participar en licitaciones de obras públicas fuera de sus fronteras.